AMLO: LA CORRUPCIÓN, UN TEMA MAL MANEJADO
Según datos
de transparencia internacional cada año a México, la corrupción le cuesta cerca
de 1.63 billones de pesos (más del 9% del PIB). Para poner este monto en
contexto, debemos decir que esa cantidad equivale a 4 veces el presupuesto de
la UNAM, o a la construcción de 5 millones y medio de casas de un valor cercano
a 300 mil pesos, o a otorgar 13 millones y medio de becas de 10 mil pesos
mensuales para estudiantes universitarios, monto que alcanzaría para pagar
mensualidades en universidades privadas de prestigio.
El tema es
complejo, pues quizás sea el mayor lastre que tiene nuestro país para crecer y
desarrollarse; y no sólo es el monto robado, es la “cultura” que se ha generado
por varias generaciones sumando lamentables frases como “el que no tranza no
avanza”, “ponte la del Puebla”, y muchas más, que, entre risas y normalidad, se
han ido sumando a nuestra cultura.
Seamos
claros, la honestidad es un principio, así que es lo mismo darle “una mordida”
a un policía para evitar una infracción, como los miles de millones que se
pudiera robar un gobernador corrupto, como tantos que hemos tenido en México y
que siguen libres al amparo de una impunidad que duele mucho a los que amamos y
respetamos a México.
Personalmente
veo con muy buenos ojos que el actual presidente de México decidiera atacar de
lleno la corrupción, usando su “autoridad moral” y el decreto (recordemos que
la idea del presidente es clara: si no robo, nadie robará) como arma (espero
que le funcionen), y con ambos elementos, ha estado revisando a todos y a todo,
políticos, funcionarios, empresarios, procesos, concesiones, etc., etc.
Lo que sí
no entiendo es que decidiera destruir procesos o proyectos simplemente porque
existe la duda de que la corrupción hace parte de ellos. Me explico mejor, si
el presidente sospecha de corrupción en un proyecto, simplemente debería
revisar y reencauzar el mismo, pues la cancelación de algunos está generando
graves problemas para el país. El mayor ejemplo lo constituye el nuevo
aeropuerto de Texcoco, que por “amaños y abusos” en los contratos se decidió
cancelar, usando una consulta ciudadana para legitimar la decisión; situación
que nos hizo ver muy mal a nivel internacional, además de generar una pérdida
irreparable de recursos pertenecientes a todos los mexicanos.
Otro
ejemplo fue el del complejo tema del huachicoleo donde se cerraron los ductos
para evitar el robo, decisión arriesgada que paralizó gran parte del país por
varios días, aunque he de señalar que se controló en poco tiempo, aunque el
sistema de pipas de transporte que usamos actualmente encarece el costo de los combustibles.
En el tema
de las guarderías, la situación es similar, ¿hay dudas de corrupción? “las
cerramos”.
Uno de los
casos que a mi parecer se ha tornado bastante complejo es el referente al
gasoducto Texas-Tuxpan, donde se decide “romper” el contrato ante las dudas de
posible corrupción. Como diría Leonardo Kourchenco: “El barco tiene ratas…
hunde el barco”; aunque ahora el presidente acepta crear una tregua en este
proceso, pues dice: “representantes de los empresarios me lo pidieron”.
Si la
corrupción se ha extendido en nuestro país de manera indiscriminada, habrá que investigar,
actuar, sancionar, reforzar, auditar, deslindar responsabilidades, actuar
jurídicamente y limpiar los proyectos, pero estas decisiones de cancelaciones
por “decreto” destruyen no solo la imagen del país en el exterior, sino también,
limitan nuestra economía retrasando el desarrollo.
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